Familia Domecq, PAC, Extremadura y papeles de Panamá.

Hoy hemos solicitado a la Junta de Extremadura la cuantía total de todas las ayudas recibidas por la Familia Domecq derivadas de sus fincas en Extremadura.
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Micaela Domecq, esposa del exministro Cañete, figura desde 2005 como autorizada de la empresa Rinconada Investments Group S.A., con sede en Panamá. Este país está en la lista española de los paraísos fiscales hasta 2011 y sigue siéndolo a ojos de la Comisión Europea.
 
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El Confidencial y La Sexta, gracias al trabajo de más de un año del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) sobre ‘Los Papeles de Panamá’, demuestran que Micaela Domecq tuvo firma autorizada, junto a once miembros de la familia, para gestionar cuatro cuentas corrientes depositadas, de numeración casi correlativa, en una filial suiza de Deutsche Bank. El titular de estas cuentas es Rinconada Investments.
 
Los negocios de esta familia jerezana han estado relacionados siempre con las ganaderías de reses bravas y la explotación de fincas agrícolas en el sur de España.
 
Micaela tiene varias fincas en la provicia de Badajoz. La familia recibió 1,8 millones de euros de subvenciones agrarias mientras el señor Cañete era ministro y negociaba la P.A.C.
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Se da la circunstancia de que la familia Domecq esté entre las mayores perceptoras de ayudas al campo mientras tiene sus enormes fincas extremeñas infrautilizadas y dedicadas a unas decenas de reses.
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Mientras el campo extremeño se marchita por falta de ayudas a los jornaleros y pequeños agricultores, estas élites extractivas siguen acumulando un dinero que es de todos/as y una tierra que no tiene dueño.
 
Hace año y medio desde los Campamentos Dignidad de Extremadura hicimos una ocupación simbólica de una de las fincas extremeñas de Micaela Domecq para denunciar el enriquecimiento ilícito de los agricultores de salón de la Gran Vía madrileña a costa, en este caso, de perpetuar el subdesarrollo de nuestra tierra.
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Extremadura sigue ocupando los últimos puestos en cuanto a riqueza y con un desempleo agrario sangrante mientras estos delincuentes reciben dinero público y evaden impuestos metiéndonos la mano en los bolsillos de todos/as nosotros/as.
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El Artículo 128 de la Constitución Española dice que “Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general.” Y el Artículo 33 dice que la propiedad privada debe cumplir una función social.
 
Parece que la Constitución y la ley sólo se aplica cuando le interesa a quienes mandan en este país.
 
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